Elección sin Lula es golpe

(Sergio Silva / Agência PT)
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El juicio de recurso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no es apenas un divisor de aguas para la disputa presidencial de 2018. La decisión que proferirán los magistrados, hasta ahora contaminada por atropellos y arbitrariedades, tendrá graves consecuencias sobre el orden político fundado en 1988.

Eventual confirmación de la sentencia dictada por el juez Sergio Moro, condenando al líder histórico del PT (Partido de los Trabajadores), buscando sacarlo de la competición electoral, representará el último clavo en el cajón de la 6ª República, de la Constitución que lo originó y del régimen democrático conquistado hace treinta años.

Al final, se trata de desprecio penal, ampliamente rebatido por la comunidad jurídica por falta de pruebas, manipulación de informaciones y falta de respeto a las garantías procesales. Inclusive renombradas voces conservadoras claman contra los trucos de la operación Lava Jato, para obtener, por medio de los tribunales, el objetivo político previamente establecido.

Se opera el sistema de justicia como un arma de guerra asimétrica, apelando a maniobras para derrotar al enemigo interno, sustituyendo el camino militar como respuesta de las clases dominantes cuando las fuerzas progresistas conquistan o pueden conquistar la dirección del Estado.

Ese atajo antidemocrático fue vastamente utilizado en la conducción del golpe parlamentario que derrumbó a la presidente Dilma Rousseff en 2016. Sectores del Poder Judicial y del aparato represivo, en alianza con monopolios de los medios de comunicación, funcionaron como banda de música del impeachment. Fiscales, policías y jueces sirvieron, directa o indirectamente, a la desestabilización institucional y al sabotaje económico.

Son piezas de una contrarrevolución permanente y preventiva. La consolidación de las reformas liberales, motivo fundamental de la reacción oligárquica, presupone la construcción de un nuevo sistema político, posiblemente de carácter parlamentarista, en el cual están vetados los espacios que permitieron la ascensión del principal partido de la clase trabajadora al gobierno nacional.

La base legal sobre la cual se asienta esa escalada contra Lula, irónicamente, es una necedad conocida como Lei da Ficha Limpa (Ley de la Ficha Limpia), aprobada durante su segundo gobierno. A propósito, con el voto de casi todos los parlamentarios de izquierda.

Por ese dispositivo, derechos políticos pueden ser anulados antes que la sentencia sea ejecutoriada, al estremecimiento de la Constitución, vaciando la soberanía popular y transformando al Poder Judicial en poder excluyente del proceso democrático.

La condenación del ex presidente y su interdicción electoral – en ese sentido, más que una injusta decisión – significarían la última ruptura con el pacto de la redemocratización, por el cual todos los grupos y partidos aceptaron condicionar el combate por el poder a elecciones libres, democráticas y directas.

Si eso ocurre, el país estará en nuevo y peligroso escenario, como alertó la presidente del PT, Gleisi Hoffmann. Ante la usurpación de la voluntad popular, es legítima la desobediencia civil, instrumento tradicional del pueblo contra cualquier forma explícita o disfrazada de tiranía.

Ante un fraude de esa magnitud, se establece el derecho de denunciar como farsa, como un asalto contra la democracia, elecciones presidenciales distorsionadas por el golpismo de toga.

Más allá de los autos, recuerden los magistrados de Porto Alegre y los ministros de las cortes superiores, que, fuera del voto soberano, sólo faltan el enfrentamiento social y la rebelión de los ciudadanos, en defensa de sus derechos y de la libertad.

(*) Publicado na Folha de S.Paulo em 23 de janeiro de 2018

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Breno Altman é diretor editorial do site Opera Mundi.