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Sentados en sillas escolares, diez integrantes de consejos comunales del barrio 23 de Enero, en Caracas, discuten la creación de una empresa de mantención de ascensores, que sirva al vecindario. Los dueños serían los propios consejos, que pueden contar con financiamiento y soporte técnico del gobierno nacional y de sus instituciones. Entrada la noche, los participantes de la reunión van discutiendo los detalles de la compañía que desean crear.

“Lo único seguro es que será administrada exclusivamente por la comunidad”, resalta Darwin Jaimes, del consejo Las Palmas 1320. “Ningún gobierno o empresario podrá tener el dominio de la empresa.” La aspiración no pertenece solamente al tradicional barrio caraqueño. Desde la aprobación de las llamadas leyes sobre el poder popular, en diciembre de 2010, muchas iniciativas similares fueron registradas.

Los partidos opositores critican el nuevo modelo, que permite al Estado otorgar recursos y atribuciones directamente a estas organizaciones de barrio. En su evaluación, tal mecanismo vacía las administraciones de estados y municipios, en las cuales mantiene fuerte presencia, además de centralizar más poderes en manos del poder Ejecutivo nacional.

Los defensores de esta política ni siquiera se dan el trabajo de refutar la tesis del vaciamiento de los antiguos cuerpos administrativos. “Queremos llenar el país de comunas”, afirma Aristóbulo Istúriz, 66 años, vicepresidente de la Asamblea Nacional y del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), principal partido del chavismo. “El Estado capitalista burgués es jerarquizado. El federal manda más que el estadal, que prevalece sobre el municipal, que se sobrepone a los barrios. Bajo esa estructura burocrática, está el pueblo, alejado del poder. Nuestra estrategia es achatar esta pirámide, ‘horizontalizarla’.”

Según datos oficiales, ya existen 46 mil comunas en el país. Cada una de ellas agrupa un área de un determinado distrito, en la que viven entre 150 y 400 familias, y elije a un consejo por voto popular. En el área rural y entre los indígenas, la base de demarcación es menor. Además de discutir las cuestiones sociales de su localidad y la organización de los servicios públicos, ese organismo forma parte de un nuevo sistema económico. Puede crear empresas comunales, como la del 23 de Enero, establecer compañías mixtas con empresarios o formar cooperativas. Distintas comunas pueden articularse para formar proyectos.

La comuna, según la legislación aprobada por el parlamento, es la nueva unidad básica del Estado federal. Recientemente fueron reglamentados, con fuerte resistencia opositora, diversos instrumentos de recaudación comunal – incluyendo parte de los impuestos municipales y estadales, recursos nacionales, impuestos a servicios. Instituciones públicas de casi todo tipo – escuelas, centros de salud, áreas de convivencia – pueden pasar a su tutela.

“Entendemos la descentralización como la transferencia de recursos a donde están los problemas, a través de las comunidades organizadas”, enfatiza Istúriz. “El viejo concepto de democracia representativa y exclusivamente política nos forzaba a la centralización, creando estratos burocráticos de poder. Ahora, estamos forjando espacios de participación en donde vive el pueblo. Las personas no se sienten segregadas, sino como parte integrante del Estado nacional.”

Oposición

La oposición no ve con buenos ojos este camino e intenta clasificar cualquier movimiento crítico de la democracia representativa como un ataque al régimen democrático en general. A pesar de la existencia de pluripartidismo, de trece procesos electorales avalados por observadores internacionales y de la mayoría de los medios de comunicación estar controlados por la derecha, adversarios de Chávez insisten, dentro y fuera del país, en retratarlo como una especie de tirano blando.

La reacción de esos sectores, frente a la pérdida acelerada de su poder, cuenta con el apoyo de distintas entidades que navegan en la órbita de las potencias occidentales, además de los gobiernos de algunos de estos países, comenzando por la propia Casa Blanca. Hay señales evidentes de incómodo, especialmente de los Estados Unidos, con la consolidación de un proceso que desafía su hegemonía, tanto en América Latina cuanto en el delicado núcleo de las naciones exportadoras de petróleo.

Al fin, las agrupaciones conservadoras no perdieron solamente la administración nacional. Amparado por la mayoría parlamentaria y por sucesivas victorias en las urnas, el presidente les sacó posiciones dominantes en las cortes judiciales, fuerzas armadas, diplomacia y otras esferas del Estado. Chávez nunca escondió su intención de promover una revolución política, aunque bajo el compromiso de hacerla de forma "democrática y pacífica, pero no desarmada", en alusión a la intención de protegerse contra golpes internos o amenazas extranjeras.

El presidente venezolano ya se refirió varias veces al golpe contra Salvador Allende, presidente socialista chileno entre 1970 y 1973, como una lección de que, para implementar transformaciones sociales dentro del orden constitucional, la izquierda necesita inhibir la posibilidad de que sus enemigos recurran a cuarteladas u operaciones internacionales. Allende cayó cuando las fuerzas armadas se juntaron a partidos de derecha que habían perdido terreno electoral y promovieron el golpe comandado por el general Augusto Pinochet. Casi lo mismo pasó con el propio Chávez en abril de 2002. Derrumbado por una insurgencia cívico militar, articulada por la derecha y los principales medios de comunicación, volvió al poder en 48 horas gracias a la amplia movilización popular y a la reacción de oficiales legalistas.

Los opositores, sin embargo, consideran que esa trayectoria de cambio en los poderes del Estado afecta al orden democrático y amenaza incluso los derechos humanos. Ninguna institución internacional de relieve ratifica esta denuncia. Venezuela sigue siendo considerada como un país que respeta plenamente las normas de la democracia. Ni siquiera la OEA (Organización de los Estados Americanos), con sede en Washington, cuestiona esta evaluación. Pero ni siquiera esto parece afectar la disposición de los antichavistas y sus aliados en el fomento de una campaña mundial para desgastar la experiencia bolivariana.

Derechos económicos y sociales

Docente de historia de profesión y ex-alcalde de Caracas aún en la IV República (régimen anterior a la llegada de Chávez al poder, en 1999), Istúriz rebate pedagógicamente las insinuaciones sobre el supuesto bajo carácter democrático del proceso liderado por Chávez. “Hay dos concepciones de democracia, es normal una confrontación de concepciones”, resalta. “Una de ellas, de origen liberal, se restringe a la garantía de libertades y derechos políticos. No tiene contenido social y básicamente circunscribe el papel del ciudadano al voto que delega poder a sus representantes. El salto que dimos fue para un concepto más amplio, la democracia participativa, que incluye a las salvaguardias políticas, pero incorpora los derechos económicos y sociales, además de crear instituciones para la acción política permanente de la ciudadanía.”

Para el dirigente del PSUV, la concepción participativa predomina desde la Constitución de 1999, que fundó la V República. Resalta algunos artículos que registran el predominio de esa tendencia. “En la Carta de 1961, se decía que la soberanía reside en el pueblo, que la ejercería mediante el sufragio para los organismos del poder público”, indica. “La nueva carta mayor fue más allá, afirmando que la soberanía es intransferible y puede ser ejercida tanto de forma indirecta, por el voto, como directa, a través de mecanismos creados para el protagonismo popular.”

Los enemigos de Chávez lo acusan de minar los fundamentos democráticos, pero difícilmente se podría apuntar a alguna institución que haya sido derogada en los últimos 14 años. Los bolivarianos mantuvieron intactos los mecanismos de la democracia representativa, pero fueron creando nuevas esferas y espacios de decisión alejados del pensamiento más conservador.

El hecho es que Venezuela puede exhibir algunos atributos constitucionales bastante atípicos. Su Constitución prevé referéndum y plebiscitos que pueden ser convocados tanto por el parlamento como por el gobierno o por la voluntad autónoma de los ciudadanos, siempre que reúnan el 20% de los electores nacionales en una petición. Estas consultas, además de vinculantes e irrevocables, también pueden interrumpir el mandato de parlamentarios y gobernantes. El propio presidente ya enfrentó una de ellas en 2004, y preservó su mandato con un 60% de los votos.

Ningún país afiliado a la democracia occidental posee instituciones con esta envergadura en su repertorio constitucional. Algunos analistas incluso interpretan a estos dispositivos como formas de avasallar las instituciones a partir de la furia plebiscitaria manipulada por un gobernante populista. Para los chavistas, sin embargo, son mecanismos para la ruptura con a vieja política de acuerdos parlamentarios y acomodación a los intereses filtrados por la burocracia estatal. Aunque, en la práctica, todo sea más confuso y aturdido, el choque en el terreno de las ideas es real.

Este debate, sin embargo, no es cómodo para la derecha venezolana. Proponer la reducción de la participación política podría ser una movida electoralmente arriesgada, además de contradictoria para las fuerzas que quieren presentarse como las líderes de la democracia, contra un gobernante supuestamente autoritario. Dadas las circunstancias, la oposición señala preferir el discurso que apunta a eventuales manipulaciones o restricciones en la implementación de las garantías constitucionales.

"No hay igualdad de condiciones políticas”, se queja Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, uno de los líderes de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), alianza de partidos que sostienen a Henrique Capriles en la disputa por la presidencia. “El uso de recursos públicos, en el campo de las comunicaciones, es tendencioso. El juego, a pesar de democrático, está desequilibrado."

El PSUV, sin embargo, considera estas críticas como un aviso de que la oposición puede estar preparándose para poner bajo sospecha el proceso electoral que está aflorando y no reconocer los resultados de octubre. En los últimos meses, de hecho, distintas delegaciones de los partidos de derecha viajaron a Europa y a los Estados Unidos con el propósito de compartir sus preocupaciones acerca de la idoneidad de las elecciones presidenciales, pese a que el sistema electrónico de votación venezolano sea considerado uno de los más seguros del mundo. Chávez afirma reiteradamente que respetará los resultados de las urnas, independiente del veredicto registrado. Los socialistas exigen de sus adversarios el mismo compromiso.

Traducción: Luciana Taddeo

Dois artefatos bélicos da época da Segunda Guerra Mundial foram encontrados dentro do Parque Arqueológico Vale dos Templos, atração turística que reúne diversas construções da época da colonização grega na Sicília.

Os objetos estavam a cerca de 150 metros do Templo de Hera, chamado de Juno pelos romanos, e foram descobertos por funcionários de uma empresa de jardinagem que faziam trabalhos de manutenção no terreno.

A área foi isolada pela Arma dos Carabineiros, que avisou um esquadrão antibombas para preparar a remoção dos artefatos. 

O Vale dos Templos é uma das atrações mais populares da Sicília e recebe milhares de visitantes todos os anos.

(*) Com Ansa