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Al prender la televisión en Venezuela, siempre hay al menos dos versiones antagónicas de los hechos. El canal Globovisión, entre otras empresas privadas de comunicación, suelen criticar cualquier medida del presidente Hugo Chávez, valiéndose de términos radicales y, generalmente, sin ninguna preocupación por oír otra versión que no sea la de los opositores. Su contrapunto es la estatal VTV, la principal del sistema público. Aunque un poco más cautelosa que la emisora adversaria, su grilla de programación es dominada por la difusión de las iniciativas y posiciones gubernamentales.

Este ambiente partidarista no predomina sólo entre los medios audiovisuales. Se refleja en casi todos los medios impresos o electrónicos. La radicalización de la disputa política aparentemente llevó al predominio de editoriales y análisis sobre la información. El lector o espectador adhiere al periódico o a la emisora televisiva de su agrado bajo el mismo criterio con el que elige el partido en que votará, o sea, según la cercanía político-ideológica. Unos son rojos. Los otros, azules. Y quien tiene dudas usa el control remoto.

Pese a la fuerte polarización, no hay registros de monopolización de los medios por parte ni del gobierno, ni de los empresarios. Por el contrario. Las opciones televisivas, por ejemplo, han crecido. Según datos de la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), en 1998 existían 40 concesiones, número que saltó a 150 en 2012, 75 de señal abierta y 75 de cable. Entre los canales de televisión abierta, sólo cuatro son de alcance nacional, otros 71 son estaciones regionales privadas, estatales o comunitarias.

En el espectro radial, de 338 concesiones en 1998, el total pasó a 473 radios privadas y 244 radios comunitarias en 2011. Con estos números, el gobierno de Chávez contesta a las frecuentes críticas de la supuesta falta de libertad de prensa, comúnmente firmadas por organizaciones de derechos humanos o por el gobierno de los Estados Unidos.

El caso de RCTV

El momento de mayor tensión con el gobierno, en este sentido, fue cuando el canal RCTV (Radio Caracas de Televisión), el más antiguo en la televisión abierta, no obtuvo la renovación de su concesión en marzo de 2007 y pasó a operar solamente por cable. Para los opositores, esta decisión se debería a un castigo por la participación de la emisora en el golpe contra Chávez en 2002.

Esta tesis es negada por el gobierno. “Hay libertad de prensa total e irrestricta y, gracias a esta libertad, los medios privados promueven campañas de desestabilización del gobierno”, afirma Andrés Izarra, ministro de Comunicación e Información, recordando el papel de las empresas de comunicación en la insurgencia cívico militar que sacó al presidente del poder por 48 horas. "Ninguna emisora fue penalizada por este comportamiento. Pero el gobierno no está obligado a renovar la concesión pública a una emisora que, además de tener irregularidad en su documentación, dejó de cumplir con la función social establecida por la Constitución y la ley. Venezuela hizo lo que otras naciones hacen frente a situaciones semejantes: la concesión expira y otra prestadora asume su posición en el dial."

Jesse Chacón, actual director del GISXXI (Grupo de Investigación Social Siglo XXI), comandaba el ministerio de Comunicación cuando el gobierno decidió negarle la renovación de la señal. “Fue la única empresa televisiva que no tuvo su concesión renovada. Evaluamos que era mejor utilizar el espectro para otra finalidad”, dice. "En el mismo período se expiraron las concesiones de Televen y Venevisión, canales igualmente privados y opositores, y éstas fueron renovadas." Aún se discute cuánto el Estado pagará por el uso de los transmisores de la RCTV, cuya señal es actualmente usado por la Teves, canal público de cultura y deportes.

El ex ministro analiza que esta situación es producto de que el desarrollo de la televisión latinoamericana haya seguido el modelo norteamericano y no el europeo. "En los Estados Unidos, la comunicación es un negocio, tratado bajo la lógica de los intereses comerciales, y este fue el paradigma seguido por la mayoría de los países latinoamericanos", resalta. "Los europeos abordaron la información como un servicio público y sus emisoras, al menos hasta recientemente, no podían ser monopolizadas por grupos privados."

Para Chácon, ese modelo acaba por transformar a las empresas de comunicación, a partir de concesiones públicas, en protagonistas empresariales de la política. "En la Venezuela anterior a Chávez, si uno quisiera ser presidente del país, tenía que ponerse de acuerdo con el grupo Cisneros (dueño de Venevisión) o con la RCTV", destaca, al referirse a los dos principales canales en ese entonces.

Democratización

Un 80% del espectro televisivo abierto es explotado, según datos del Ministerio de Comunicación, por empresas privadas. “En las radios, las cadenas privadas son hegemónicas, el Estado sólo tiene una estación de alcance nacional y tres estaciones en localidades estaduales”, relata el ministro Andrés Azarra. Para competir con esa hegemonía, el gobierno de Chávez presentó una propuesta de democratización de la comunicación aprobada por la Asamblea Constituyente de 1999.

Una serie de leyes reglamentaron este tema. Las dos más trascendentes fueron la que tipificó el funcionamiento de las radios y televisiones comunitarias, en 2002, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en 2004 por la Asamblea Nacional y reformada en febrero de 2011. La primera creó un marco regulatorio que permitió la expansión de las emisoras locales, impulsadas por consejos comunales, movimientos sociales u otras entidades asociativas. Estos canales, con amplitud limitada de sintonización, forman una red diseminada para la difusión de programas culturales, debates políticos y prestación de servicios.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) obligó a los canales a que cumplan con una cuota mínima del 50% de producciones nacionales entre sus series y telenovelas. Estableció parámetros para la clasificación de los programas por franjas etáreas, permitiendo multas y sanciones para la transmisión de escenas de violencia abusiva. También creó el Fondo de Responsabilidad Social, que subsidia la compra de equipos para emisoras comunitarias, dándoles condiciones de disputar audiencia con los grandes grupos mediáticos en sus distritos.

A pesar de no existir un mecanismo de censura previa o limitación de contenido en los noticieros en la legislación, los opositores critican las reglamentaciones establecidas por el gobierno como obstáculos a la libertad de prensa. La respuesta del otro lado es igualmente dura. "Una cosa es libertad de prensa, otra es libertinaje", afirma Chacon. "El gobierno no adoptó ni piensa adoptar ninguna medida que vaya en contra al derecho de expresión. Pero las empresas privadas de comunicación prestan un servicio público y deben ser reguladas para garantizar que todos los sectores puedan recibir y difundir informaciones. Tanto los grupos privados como el Estado y las comunidades. Se terminó la era del monopolio privado de los medios."

Traducción: Luciana Taddeo

A seis dias do primeiro turno das eleições, o ex-guerrilheiro e ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro, de 62 anos, continua liderando as pesquisas da eleição presidencial colombiana, com 41% das intenções de voto. Base forte, mas insuficiente para evitar um segundo turno, que deve ocorrer contra o ex-prefeito de Medellín, o direitista Federico Gutiérrez, de 47 anos, com 27% dos votos.

Figuras de papelão com a cara de Petro e bandeiras do movimento colombiano e indígena. Com esses e outros símbolos, pelo menos 50 mil pessoas compareceram no domingo (22/05) à Praça de Bolívar, no centro Bogotá, para o encerramento da campanha do candidato de esquerda.

Petro aspira tomar o poder da direita colombiana. É a primeira vez que um candidato está tão perto de alcançá-lo. “Temos esperança nele, sobretudo para que a pobreza e a violência acabem”, explica Isabel, uma moradora de Bogotá que participava pela primeira vez de um evento político.

Durante o comício, a fala de Gustavo Petro se concentrou justamente nessas duas questões. "Simplesmente viver juntos em paz como objetivo central da mudança", disse o candidato, que concorre às eleições com Francia Márquez como vice.

Se as previsões se confirmarem, será a primeira vez que a esquerda conquista o poder na Colômbia, país historicamente governado por elites liberais e conservadoras.

O direitista Federico 'Fico' Gutiérrez, 47, e ex-prefeito de Medellín, é o mais bem posicionado para disputar o segundo turno contra o Petro em 19 de junho. Mas ele é seguido de perto pelo empresário independente Rodolfo Hernández, 77, cuja candidatura é apoiada pela franco-colombiana Ingrid Betancourt.