La justicia chilena ordenó este viernes (01/03) la libertad “pura y simple” de los tres soldados bolivianos, detenidos desde el 25 de enero en el país. Los militares se encontraban en un operativo contra un grupo de contrabandistas, y debido a la poca experiencia en la zona, sumado a las dificultades geográficas que impiden identificar la línea divisoria entre ambos países, fueron denunciados a la policía chilena por los propios contrabandistas.
ABI
Los militares bolivianos fueron arrestados por los Carabineros y trasladados en helicóptero a la ciudad nortina de Arica. En audiencia extraordinaria celebrada en el juzgado de la localidad de Pozo Almonte en el norte de Chile, se determinó la “suspensión condicional” del procesamiento de los militares, la liberación de los acusados, su salida del territorio nacional y la prohibición de entrar en él por un periodo de un año.
En declaraciones a la prensa local, el abogado defensor de los conscriptos, Roberto Celedón, aseguró el día jueves (28/02) que “si se formaliza el acuerdo este viernes los tres abandonarán por resolución judicial el país. Sin tener que declararse culpables”, dijo, refiriéndose a la principal piedra de tope del conflicto.
Los conscriptos bolivianos José Luis Fernández, Augusto Cárdenas y Alex Choque, de 18, 19 y 20 años respectivamente, fueron arrestados por Carabineros de Chile, tras supuestamente haber cruzado la frontera, con equipamiento propio de su actividad de servicio.
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Desde el hecho y durante todo el proceso se han sucedido un gran número de declaraciones y desencuentros diplomáticos entre ambos países. Evo Morales ha acusado a su homólogo chileno de “ser mal vecino”, y cuestionó su compromiso en el combate al contrabando. El presidente boliviano también acusó a Sebastián Piñera de incumplir el acuerdo bilateral de 1937, que establece que el contrabando es un delito internacional.
Además en una emisiva al Estado de Chile, Morales calificó a los conscriptos como “rehenes políticos” en represaría por la histórica demanda del país altiplánico por una salida al mar. Además de estas declaraciones, el mandatario exigió al Estado chileno “perdón” por el caso.
El gobierno de Chile se defendió alegando que el procedimiento fue judicial y no político. En declaraciones a la prensa local, Mauricio Lob, vocero del gabinete de Piñera, calificó de “doble estándar” el comportamiento de gobierno de Bolivia, que acusa una “suerte de persecución” contra los soldados y sin embargo no ha proporcionado suficiente colaboración con la justicia chilena para esclarecer el hecho.
Esta colaboración consistiría en que los militares se declararan culpables en un juicio abreviado, cosa que los conscriptos y Bolivia han descartado de plano ya que consideraron el hecho como una exageración de parte del gobierno chileno.
Inédito
Esta no es la primera vez que hechos así acontecen en la zona triple fronteriza (Chile, Perú, Bolivia). Acontecimientos de similares características ya involucraron los ejércitos de los tres países, pero en todos los casos se optó por salidas diplomáticas discretas.
Este histórico se contrapone a las explicaciones que ha dado el gobierno de Chile – en una filtración al diario local El Mercurio – de que sería improcedente una expulsión de los conscriptos debido a que éstos estaban armados y eso sería “un delito tipificado en la Ley de Control de Armas”, por lo cual tendrían que quedar a disposición del ministerio Público del país.
En declaraciones al diario digital El Mostrador, el gerente chileno de Asuntos Públicos, Carlos Correa B, afirma que la justificativa del arresto basada en la Ley de Control de Armas es una incongruencia en relación a hechos anteriores de estas características que han ocurrido en la misma frontera, dado que se trataría de militares y que, como tales, deben estar armados.