Este 15 de Mayo se cumplen dos años de la inesperada irrupción del movimiento 15M en la política española, a partir de aquellas acampadas en las plazas de las principales ciudades que dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un símbolo de un rechazo amplio, hasta entonces subterráneo, del orden existente y sus élites tradicionales.
Efe (12/05/2013)
Españoles se reúnen en la Puerta del Sol de Madrid para conmemorar el segundo aniversario de la aparición del movimiento 15M
En el segundo aniversario del movimiento parece estar de moda preguntarse si sigue vivo o no y cuál es su legado o sus logros si es que ha habido alguno. El 15M nació con la crisis económica y fue al mismo tiempo un reflejo y un precipitador y agravante de la crisis política e institucional. De tal manera que cualquier análisis del movimiento y su evolución debe integrarse en el análisis de la crisis general de régimen que se ha desarrollado en estos dos años extremadamente intensos de la política española.
En portugués: 15M completa dois anos em meio à crise do regime espanhol
El 15M nació en un contexto de decadencia y lento desgaste del Partido Socialista Obrero Español, que tras una primera legislatura caracterizada por una política tímidamente progresista en materia de derechos civiles, con los primeros síntomas de crisis financiera entregó su gobierno al programa de recortes y ajuste estructural de la Troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con Alemania a la cabeza) abriendo el ciclo político de la austeridad. En las sucesivas elecciones autonómicas, locales y, más tarde, generales, la derecha del Partido Popular se hizo prácticamente con todo el poder institucional menos por méritos propios que por el desgaste del Partido Socialista, que es a quien la protesta política pasó mayor factura.
Desde su constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy ha desplegado un agresivo programa político que no debe ser leído como una suma de recortes sino como una ofensiva política oligárquica destinada a transformar la naturaleza, las funciones y la composición social del Estado español en favor de las élites financieras. Por una parte, en un sentido de destrucción de la participación –aún subalterna- de las organizaciones sindicales y políticas de los sectores populares en el Estado, de eliminación de la protección social y los derechos laborales y sociales, y de una masiva redistribución regresiva de la renta hacia las minorías más ricas.
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Por otra parte, el programa de ajuste estructural, que en la práctica le entrega a las instituciones de mando europeas la soberanía nacional y suspende la democracia, supone una periferialización de la economía española en la división europea del trabajo y un empobrecimiento generalizado de las capas populares y medias a través de la privatización de servicios públicos y la mercantilización de lo que antes eran derechos o prestaciones universales –educación, sanidad, hasta cierto punto pensiones-, el desempleo, la precarización, la subida de los impuestos indirectos o el ataque a los salarios.
Esta ofensiva está teniendo unos inmensos costes sociales, con más de 6 millones de desempleados –sobre un total de casi 23 millones de población activa-, cientos de miles de familias desahuciadas de sus viviendas –185.000 sólo en 2012, a un ritmo de aproximadamente 500 por semana- que aún se ven obligados a continuar pagándole el préstamo al banco, miles de jóvenes empujados a la emigración económica y un drástico empobrecimiento de amplias mayorías sociales.
Efe (07/05/2013)
Miembros del grupo Stop Desahucios tratan de evitar acción en contra de una família cubana en Alicante, en el sur de España
En este contexto, el 15M ha sido el disparador principal de la apertura de un nuevo ciclo de acción colectiva y movilización social, al que ha contribuido de manera decisiva con una nueva gramática, repertorios nuevos de protesta y modos nuevos, abiertos y flexibles de organización. El 15M converge hoy con las protestas sindicales y las “mareas ciudadanas” en defensa de los servicios públicos (la verde por la educación pública, la blanca por la sanidad, etc.), con las luchas contra los desahucios. Lo más relevante, en todo caso, no es medir cuánta gente se moviliza bajo la “marca 15M”, sino en qué medida este ha impactado en la política española.
Es sin duda el terreno de la cultura política donde se aprecian más los efectos del movimiento, que ha producido importantes cambios en lo que Gramsci llamaba el “sentido común de época”. El 15M ha politizado de manera determinante “dolores” o privaciones que antes se vivían como problemas privados –la falta de acceso a la vivienda de los jóvenes, la exclusión de las universidades por la subida de tasas, la precariedad extrema que bloque los horizontes vitales, el desempleo, etc.- y hoy son impugnaciones contra el orden existente y contra su fatalidad como necesidad técnica impuesta por “los mercados”.
Además, ha sido un factor decisivo en la crisis de legitimidad de las élites políticas tradicionales y de sus partidos-cártel. El 15M ha creado, de forma sencilla y accesible para las capas menos ideologizadas, todo un nuevo léxico relativamente transversal que permite conectar las muchas demandas sociales frustradas y su articulación en una dicotomización del campo político, que sitúa de un lado a una amplia mayoría irrepresentada e irrespetada –el pueblo, el 99%, la ciudadanía, la gente corriente, los significantes son menos importantes que la operación de significación que cristalizan- frente a una minoría que, pese a sus diferencias formales, comparte un mismo egoísmo y subordinación del interés general a los poderes económicos de origen no democrático.
Crisis de régimen
El aumento de la precariedad, la pobreza y el malestar social, la acumulación de necesidades y aspiraciones frustradas, la deslegitimación de las élites políticas –fortalecida por la opacidad de los partidos y los permanentes casos de corrupción- han precipitado una auténtica crisis de régimen. Es todo un modelo de Estado el que ha entrado en una situación de decadencia evidente ya incluso para los intelectuales y medios más conservadores.
Efe (10/05/2013)
Rajoy inaugura Salón del Automóvil de Barcelona. Gobierno del político del PP empeoró los críticos índices sociales
La transición a la democracia pactada con la oligarquía franquista y la constitución de 1978 signaron un gran pacto social que incluyó en forma subalterna a las principales organizaciones de los trabajadores en el Estado, y construyeron un amplio consenso social que produjo –quizás con la excepción del País Vasco- tres décadas caracterizadas generalmente por la estabilidad y la integración, marginalidad y/o dispersión de las protestas.
Es ese régimen, y no sólo un gobierno, el que ha entrado en crisis acelerada y evidente. Las tensiones en las naciones periféricas encuentran difícil acomodo en el modelo territorial de Estado y se retroalimentan con una tendencia recentralizadora del Partido Popular; el modelo de desarrollo basado en el trabajo barato de los inmigrantes, la especulación inmobiliaria y el turismo demuestra con la crisis su fragilidad y la “lumpenoligarquía” española no es capaz de levantar un proyecto incluyente de país; el sistema político, por último, se encuentra desbordado por la acumulación de descontento que los canales institucionales y de representador no consigue procesar, por lo que se acumula fuera de ellos y disponible para una impugnación general de todo el edificio político y sus principales figuras.
No obstante, este descontento creciente se despliega sobre un terreno marcado por la fragmentación social, la crisis de las identidades tradicionales–comenzando por las de clase- y las dificultades de las narrativas de la izquierda para catalizar la desafección. Además, se produce en un Estado con aparatos eficaces y bien engrasados, y con un notable control de la regulación social y el territorio. Por tanto una estructura que, pese a su colapso político, no se derrumba ante catástrofes económicas ni ante la multiplicación de la protesta.
La situación, entonces, depende de la relación entre la capacidad de los actores políticos continuistas para recuperar parte de los consensos rotos y reconstruir el maltrecho bloque dominante, avanzando al mismo tiempo en la mutación oligárquica y de periferia del Estado; y la fortuna y la virtú de los sectores rupturistas para construir un pueblo y dotarse de herramientas políticas que permitan transformar la indignación acumulada en una propuesta de país con voluntad y horizonte de poder.
* Íñigo Errejón es doctor e investigador en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid