Volvemos a ver en Chile el mismo amarillismo de 1986, cuando fracasó el tiranicidio contra Pinochet, organizado por el brazo armado del Partido Comunista (PCCh), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), previsto para ser el estallido y la transformación de la rebelión popular en insurrección contra la dictadura.
En aquel entonces, los socialistas rompieron su histórico pacto con los comunistas y se acercaron a los demócrata cristianos, que habían apoyado el golpe militar contra Salvador Allende, y con ello dieron inicio a la transición conservadora desde aquella dictadura al modelo político actual. Sin alteraciones en la esencia de la Constitución pinochetista de 1980, el modelo económico neoliberal se consolidó, y generó el descontento que fundamenta la revuelta social que vemos en los últimos días.
La oposición moderada, ahora liderada por el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD), alineada con algunos sectores del Frente Amplio – que se subieron al carro en el último minuto –, aceptó un acuerdo con la derecha que representa una verdadera trampa para las demandas del pueblo.
Aunque se convoque el plebiscito que decidirá sobre el fin de la Constitución de 1980, heredada del dictador Pinochet, el hecho es que la consulta se producirá solamente dentro de seis meses, en abril de 2020, cuando la Mesa de Unidad Social reivindicaba que eso se diera máximo en 30 días.
GUE/NGL (Grupo da Esquerda Unida Europeia/Esquerda Verda Nórdica)/Fotos Públicas
Manifestante en Europa en apoyo de la lucha chilena: los movimientos sociales ya demandan constituyentes
Pero eso no es lo peor: cualquiera que sea la modalidad elegida para confeccionar la nueva Constitución, como ha denunciado el Partido Comunista (PC), requerirá la aprobación de 2/3 de los delegados constituyentes. Es decir, basta la derecha mantener 1/3 de los votos y podrá impedir cualquier cambio significativo en la actual Constitución.
La base de cualquier poder constituyente es operar con mayoría absoluta, es decir 50% más uno de los delegados elegidos y presentes en cada decisión, de tal manera que la Constitución anterior pueda ser integralmente revocada.
Pero hay otro detalle sórdido: se pactó que el presidente Sebastián Piñera quedará exento de cualquier denuncia constitucional por la represión y el asesinato de activistas.
El PC y sus aliados más cercanos, además de sectores más combativos del Frente Amplio, se rehusaron a firmar el acuerdo.
Junto con otros sectores, dentro y fuera de la Mesa de Unidad Social, principal instrumento común de los partidos y movimientos populares, convocan a nuevas manifestaciones y protestas.
Una vez más, la izquierda chilena se ve ante el desafío histórico de hacer frente, de una vez por todas, al bloque conservador, y también al amarillismo.