La escalada de violencia contra excombatientes que está en alrededor de los doscientos homicidios desde 2016, no es el único punto de tensión entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente convertidas en un partido político.

Otro punto pendiente grave es la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil.  El pacto negociado en la Habana entre 2012 y 2106 incluía una guía ambiciosa.  En el marco de reformas estructurales, entre las que se destaca la agraria, se garantizarían determinados derechos esenciales.

Después de entregar las armas en las manos de delegados de las Naciones Unidas, en enero de 2017, la mayor parte de la tropa guerrillera fue distribuida por zonas provisionales de normalización que se constituirían, a partir de agosto del mismo año, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), divididos en 24 unidades distribuidas por el territorio nacional, en las cuales viven actualmente 3.112 hombres y mujeres.

El gobierno tenía la obligación de garantizar los recursos y los materiales para que, en sistema de autoconstrucción, los reincorporados pudieran construir sus casas. El Estado también debería proporcionar acceso, energía, agua y gas para esos campos, muchos situados en locales desiertos.

En esas comunidades, en una primera etapa, se realizaron el censo socioeconómico de la guerrilla desmovilizada y el registro individual de sus integrantes.  Cada uno de los registrados tendría derecho a tres beneficios financieros: un pago inicial y único de 580 dólares, una renta básica mensual de 215 dólares (el 90% del sueldo mínimo nacional) durante dos años y un capital para inversión productiva de 2.350 dólares, liberado por el poder público a medida que se autorizan los proyectos específicos.

Además de los derechos económicos, los exguerrilleros serían registrados en los sistemas públicos de salud y previsión social, tendrían plazas aseguradas para concluir la enseñanza básica y media, recibirían formación profesional y podrían vincularse a proyectos productivos que deberían recibir apoyo técnico, jurídico y financiero del gobierno.

En total, según los datos oficiales, se registraron 13.202 militantes de las FARC, de los cuales el 26% son mujeres.  De ese total, casi 6,8 mil vinieron de los frentes de combate, envolviendo 524 municipios, otros 3,3 mil estaban presos y 3,1 mil actuaban en milicias urbanas de la guerrilla.

El censo, organizado por la Universidad Nacional en julio de 2017, señalaba que el 10% de los entrevistados era analfabeto, el 57% tenía solamente la educación primaria, el 21% llegó a concluir la enseñanza secundaria y solamente el 3% tenía diploma superior, pero el 56% revelaba que esa era su meta educativa.  El 77% no tenía residencia fija al final del conflicto armado.

Lo que sucedió desde entonces en esa área es motivo de fuerte polémica entre el gobierno de Iván Duque y los representantes de la insurgencia.

Stapper: ‘cumplimos el 80% de las metas establecidas’ (Carmenza Castillo/NC Producciones)

“Cumplimos el 80% de las metas establecidas”, afirma Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), organismo gubernamental responsable por todas las cuestiones económicas y sociales referentes a los exguerrilleros.  “Además de elevar el grado de escolarización y de ofrecer formación técnica, pagamos los derechos establecidos y posibilitamos los ETCRs.  Casi 8.800 desmovilizados trabajan en alguno de los proyectos de productos que apoyamos”.

Abogado, especialista en asuntos diversos, tales como derecho empresarial y derechos humanos, Stapper está vinculado al ARN desde 2007, cuando la entidad todavía era el Alto Consejo Presidencial para la Reintegración Económica y Social.  Participó en la creación legal de la agencia, en 2016, y desde marzo de 2018 asumió su comando, todavía durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), rival del actual presidente, Iván Duque.

Con voz pausada, atento a un enorme cuaderno con fotos y números, trata su trabajo con prudencia. “Tenemos que entregar poco a poco las herramientas para la reincorporación productiva”, explica.  “No podemos imaginar a personas que pasaron veinte o treinta años en la selva, en combate, transformándose de la noche a la mañana en empresarios.”

Sus datos son minuciosamente presentados.  Con recursos públicos, destinados al capital inicial previsto en el Acuerdo de Paz, se habrían creado 137 corporativas, atendiendo a 2.204 beneficiarios, además de 431 proyectos familiares, envolviendo a 492 exguerrilleros.  A su cuenta se suman quince unidades productivas financiadas por un fondo de las Naciones Unidas, con prioridad para el trabajo femenino, que ocuparía a otras 2.803 personas, además de un sistema de casas-cuna y 37 pequeños negocios.  Sus cálculos también incorporan alianzas con gobernadores y municipalidades, acuerdos con la iniciativa privada y 144 proyectos autónomos que cuentan con diversas formas de cooperación internacional, el 70% de ellos dentro de los ETCRs.

“Demagogia”, rebate Pastor Alape, histórico comandante de las FARC y representante de los exguerrilleros en el Consejo Nacional de Reincorporación.  “Solamente se atenderá a 1,4 mil personas en 21 proyectos con recursos públicos.  Ese número puede llegar a 2,2 mil, si se pusieran en práctica los 35 proyectos ya aprobados, pero que solamente existen en teoría.”

Miembro del secretariado de la organización guerrillera desde 2010 hasta su disolución con el Acuerdo de Paz, alistado en la lucha armada desde el comienzo de los años 80, Alape refuta los números de la ARN y crítica su método de verificación.  “El gobierno inventó una teoría mediática y oportunista”, enfatiza.  “Contabiliza en sus informes proyectos financiados por la cooperación internacional, en los cuales no tuvieron actuación relevante, justificando esa maniobra con el hecho de que son iniciativas autorizadas por el Estado o implementadas en sus territorios.”

Sus preocupaciones parecen intensas y llevan consigo una cierta dosis de frustración. “Hay un amplio universo de exguerrilleros que no fueron efectivamente reincorporados”, denuncia.

“Viven una situación de inseguridad económica y social, además del riesgo de violencia.  Todo se hace con lentitud y atraso, además de que no se ha dado ni un solo paso hacia las reformas estructurales, especialmente la reforma agraria.  La propiedad de la tierra es el fundamento para la ciudadanía de los exguerrilleros y para la estabilidad de las cooperativas, vinculadas mayoritariamente a la agricultura, a la piscicultura y al turismo comunitario.”

Pastor Alape: ‘el gobierno inventó una teoría mediática y oportunista’ (Carmenza Castillo/ NC Producciones)

Alape va detallando los problemas que identifica.  También registra las dificultades para que las cooperativas tengan acceso a líneas de crédito o incluso a abrir una cuenta bancaria.  “Hasta ahora, hay 33 dirigentes nuestros listados como terroristas por Estados Unidos, sin que el gobierno colombiano busque alterar esa situación”, reclama.  “¿Qué banco hará negocios con proyectos que tengan, entre sus socios, a personas en esas condiciones?”

Para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido sucesor de las FARC, a juzgar por la opinión del exjefe guerrillero, el empeño por el respeto a los derechos pactados desempeña un papel político importante que va más allá de la supervivencia de los beneficiarios.  “Esos proyectos productivos son esenciales para viabilizar los ETCRs como polos económicos e institucionales que den impulso a la democratización del país”, explica.

Incluso mezclando sus respuestas con dosis de impaciencia, el compromiso con el Acuerdo de Paz sigue intacto.  “Aunque los opresores continúan recurriendo a la violencia como su arma prioritaria, creemos que la única forma de derrotarlos actualmente es por medio de la movilización civil y en defensa de la paz”, dice.  “No es tan solo, o principalmente, el destino de los guerrilleros lo que está en j uego, sino el futuro de Colombia”.