La prensa colombiana e internacional destacaron ampliamente un video hecho público el día 29 de agosto, por disidentes de las FARC. El grupo anunciaba el retorno a las armas, liderado por Iván Márquez que, irónicamente, fue jefe de la delegación guerrillera en las negociaciones de paz en La Habana, entre 2012 y 2016. Uniformizados y armados, un puñado de rebeldes declaraba que el Estado colombiano había traicionado el pacto firmado tres años atrás y convocaba un nuevo ciclo de insurgencia.
El alborozo fue enorme. El presidente Ivan Duque, del Centro Democrático, principal asociación de derecha, enseguida aprovechó la oportunidad y se lanzó contra muchos de los fundamentos del Acuerdo de Paz, además de acusar al gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, como supuesto cómplice de la guerrilla revivida.
Comenzaba un momento difícil para la dirección de las FARC, rebautizadas como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político cuyo símbolo es una rosa roja abrazando una estrella del mismo color. Muchos querían saber si Márquez y sus seguidores actuaban por cuenta propia o si toda la antigua guerrilla, más tarde o más temprano, volvería a las montañas.
“La guerra terminó”, respondió Rodrigo Granda, histórico canciller de las FARC, al reportaje de Opera Mundi. “Nuestra transformación en movimiento político es una elección enraizada, determinada por la época histórica en que vivimos.”
Granda: ‘la guerra terminó’ (Carmenza Castillo/NC Producciones)
Responsable desde hace décadas por las relaciones internacionales de la organización, no disculpa a sus antiguos correligionarios. “Su decisión es personal y ellos deben asumir sus responsabilidades”, subraya. “Se colocaron fuera del partido y resolvieron seguir su propio rumbo, con el cual no tenemos acuerdo.”
No es una posición fácil, más de setecientos líderes sociales asesinados, a los cuales se suma la muerte violenta de casi doscientos exguerrilleros, forman un camino de frustración y miedo. La desesperanza también aumenta con la lentitud de la reincorporación económica y los sucesivos ataques del gobierno al marco jurídico de la transición para la paz.
Ni Granda escapa de la escalada agresiva de los sectores más derechistas. Hicieron circular la información de que el dirigente de las FARC habría ido a encontrarse con Márquez en Venezuela para tramar la reanudación unificada de la movilización guerrera.
A los 70 años de edad, con una forma de hablar pausada y puntuada por ironías, es un superviviente de sucesivos acuerdos de paz. El más trágico de ellos fue en 1985, cuando las FARC firmaron un armisticio con el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) y lideraron la formación de la Unión Patriótica, juntamente con otras corrientes de izquierda, cambiando la política de las armas por las armas de la política.
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En poco menos de dos años, casi 5.000 militantes de ese partido perdieron la vida, incluyendo a dos candidatos a la presidencia de la República. No les quedó otra salida a los guerrilleros, dispuestos a cambiar el fusil por el voto, a no ser volver a la rebelión montañesa.
“Hasta un ciego puede ver que el gobierno Duque no cumple el acuerdo en su integralidad”, afirma Granda. “Su intención es acabar con la institucionalidad surgida en La Habana y forzarnos a salir del proceso de paz. No aceptaremos esa provocación: la vía de la guerra hoy día es favorable para la derecha y para las viejas oligarquías.”
Se refiere al enorme desequilibrio producido a partir de la década de 2000, cuando la adopción del Plan Colombia, alianza bélica con Estados Unidos, multiplicó el poder de fuego y el potencial tecnológico del ejército, haciendo estratégicamente inviable la lucha guerrillera. Se creó el escenario que llevaría a los diálogos en Cuba: ninguno de los dos lados, a corto o mediano plazo, podría trabajar con la hipótesis de una victoria militar.
El partido FARC, según Granda, confía en el potencial movilizador del Acuerdo de Paz, como alternativa a una guerra civil que mató a casi trescientos mil colombianos, desplazando a otros siete millones. “No hicimos un pacto para la guerrilla, sino para construir una solución de fondo para los grandes problemas del pueblo colombiano, comenzando por la concentración de tierras y la podredumbre del sistema político.”
Antigua guerrilla se transformó en partido político: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Reproducción/Twitter)
A pesar de la violencia, señala que el final del conflicto armado, por sí solo, brindó beneficios innegables. “Nunca una elección presidencial fue tan tranquila como la de 2018, por ejemplo”, señala. “Y jamás la izquierda tuvo un resultado electoral tan positivo, con los ocho millones de votos obtenidos por Gustavo Petro en el segundo turno de la votación, contra Duque”. Exalcalde de Bogotá, el oponente derrotado por el Centro Democrático, en realidad, también fue guerrillero, habiendo pertenecido al Movimiento 19 de Abril (M-19), desmovilizado en el comienzo de la década de 1990.
Granda denuncia, además de a Duque, a parte del comando militar. Tanto el gobierno como varios generales estarían haciendo todo lo posible para evitar que oficiales comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y revelen los secretos de la guerra sucia contra las FARC y otros grupos rebeldes. “Aún así, casi dos mil militares están dispuestos a declarar, y también muchos de los líderes paramilitares”, conmemora.
El 23 de septiembre pasado, casi todo el antiguo estado mayor de las FARC se presentó ante la JEP para declarar en el caso 001 que se refiere a los secuestros realizados durante el conflicto. Reconocieron los delitos cometidos, pidieron perdón a las víctimas y se pusieron a disposición para medidas de reparación.
La misma obligación la tienen militares y paramilitares, según el Acuerdo de Paz. Son responsables, en realidad, por cuatro o cinco veces más muertes que las de toda la guerrilla sumadas. Incluyendo el drama de los falsos positivos, cuando inocentes – muchas veces elegidos al azar – eran asesinados e identificados como insurgentes, puesto que los cadáveres de combatientes eran un pasaporte para obtener ascensos y beneficios.
Carlos Antonio Lozada, antiguo nombre de guerra del actual senador Julián Gallo Cubillos, considera que la falta de respeto a los paradigmas judiciales de transición alimenta y reproduce la lógica de la violencia; “Ese es un fenómeno antiguo, estructural” subraya. “El régimen político colombiano se sostiene, contradictoriamente, en la retracción de la presencia del Estado en los territorios. Subcontrata sus funciones, creando un poder paramilitar, controlado por terratenientes, mafias políticas regionales y narcotraficantes que naturalizan los asesinatos como instrumentos para la defensa de sus intereses.”
Para Lozada, la violencia es ‘un fenómeno antiguo y estructural’ (Carmenza Castillo/NC Producciones)
Las FARC, de acuerdo con el senador, cumplían el papel de proteger a los campesinos contra la violencia clandestina de los paramilitares, normalmente aliada al ejército o alquilada para tareas de contrainsurgencia. “Cuando salimos de los territorios, después del Acuerdo de Paz, esos grupos ilegales pasaron a actuar libremente, puesto que el gobierno Duque se omite y se lava las manos”, constata. “Entre 1984-1986, en la época de la Unión Patriótica, el paramilitarismo era un brazo del ejército, actualmente está directamente subordinado a los terratenientes y narcotraficantes que siguen siendo protegidos por el Estado.”
Lozada nació en Bogotá, hijo de un líder sindical. En 1976, cuando tenía 15 años, ingresó en la Juventud Comunista y estuvo preso durante un mes por su participación en las grandes movilizaciones populares de 1977. En el año siguiente, se juntó a las FARC sin haber siquiera concluido la enseñanza media. No obstante, está convencido de que las condiciones políticas actuales son muy diferentes.
“Se está formando un bloque de fuerzas que puede impedir la política de guerra del gobierno Duque y defender la paz”, afirma con esperanza. “Es un movimiento creciente, amplio, que representa la única alternativa viable para derrotar a los conservadores y llevar al gobierno a una coalición capaz de cumplir plenamente el programa de cambios detallado en el acuerdo de La Habana.”
El senador Julián Gallo solamente ve futuro para su asociación bajo esa perspectiva. “No es fácil la transición de una fuerza guerrillera y campesina para un partido nacional insertado en un bloque alternativo que disputa el poder por el voto, pero no hay otra salida”, dice. “Sufrimos para adaptarnos a la vida civil, somos víctimas de violencia y contra nosotros pesan estigmas de décadas. No será fácil, ni rápido, pero estamos decididos a seguir ese rumbo.”
La entrevista a Opera Mundi termina. El excomandante guerrillero se levanta y saluda al reportero. Está con prisa para una reunión en el Senado, su campo de batalla desde hace un año. “En la montaña todo era más simple y transparente”, confiesa con una sonrisa tímida en el rostro. “Pero estamos aprendiendo.”